Primera sentencia que anula la hipoteca con la entrega de la vivienda emitida por el juzgado mercantil nº 10 de Barcelona de 7 de diciembre de 2016. Este  tribunal abre una nueva vía y declara nula la cláusula de responsabilidad universal, al considerar abusiva, por falta de transparencia y no haberla negociado antes con el cliente, considerándola impuesta sin remisión.

El juzgado enumera todos los requisitos que conforme a la normativa española y comunitaria son aplicables  a los consumidores, discriminado las condiciones generales de la contratación y los requisitos para ser incorporados al contrato  y el doble control de transparencia y abuso exigible cuando es un contrato firmado con un consumidor.  Garantías previstas en la Directiva 93/13 y en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, RD Legislativo 1/2007.

Entiende el juez  que se trata de “condiciones generales de la contratación”, no negociadas, e incorporadas a una pluralidad de contratos “al objeto de uniformizar el contenido de los préstamos hipotecarios concertados por la entidad bancaria”. Concluye que las condiciones cumple con la Ley sobre las Condiciones Generales de la Contratación L 7/1998 (han sido aceptadas, están redactadas de forma completa y legible, el contrato hace referencia a las mismas, se procedió a su lectura íntegra).

Pero no superan el control de transparencia o abuso de una cláusula no negociada, que supone “comprensibilidad real” , “falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal” No consta, señala en su sentencia, que la entidad financiera hubiera explicado de manera comprensible las implicaciones económicas que tenían estas cláusulas, explicación aún más necesaria al suponer “la instauración de tres garantías y además la renuncia a beneficios legalmente concedidos a los fiadores”.

Tal y como argumenta en su sentencia el juez: “Lo expuesto lleva a concluir que las cláusulas analizadas superan el control de transparencia a efectos de su inclusión como condición general de los contratos, pero no el de claridad exigible en las cláusulas-generales o particulares- de los suscritos con los consumidores”.

Concluye que no se ha demostrado que la entidad bancaria haya “informado perfectamente a sus clientes de la transcendencia económica de dichas cláusulas”.

Además destaca que el hecho de que resulte clara a la hora de leerla no implica que el consumidor haya comprendido como jugará en la vida del contrato.

Por todo ello, no habiendo superado el segundo control de transparencia por las razones que expone, el juez declara abusivas las cláusulas demandadas y decreta su nulidad, manteniéndose vigente el contrato al que no se aplicarán las mismas.

Información extraída de Noticias Jurídicas

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