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Hacienda se ha gastado en los últimos cinco años 42.000 millones de euros en sucesivos planes de pago a proveedores para tratar de acabar con la deuda comercial acumulada por las administraciones públicas, en especial por las comunidades autónomas. La letra pequeña de ese plan establecía que los proveedores recuperarían el dinero que se les adeudaba, pero a cambio debían renunciar a los intereses de demora generados por ese pasivo. Una condición muy criticada desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que agrupa a un millón de pymes y autónomos, que presentó ante la Justicia Europea varios recursos solicitando la devolución de los mismos.

El presidente de la Plataforma, Antoni Cañete, estimó ayer que el importe puede llegar a 3.000 millones de euros y que el próximo 16 de febrero es la fecha en la que el Tribunal Superior de Justicia de la UE se pronunciará a este respecto. “No entenderíamos una sentencia contraria. Es una cláusula que aparece en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que no se ajusta a la directiva europea”, aseguró.

Fuente CincoDías 

 

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